JUICIO OPOSITORES TAV.

abril 9, 2011

Juicio contra opositores al TAV: la fiscal rebaja su petición.

aht gelditu elkarlana .

Hoy a las 11.30 de la mañana ha tenido lugar en la Audiencia Provincial de Navarra la segunda parte del juicio contra cuatro personas acusadas de realizar unas pintadas contra la construcción del Tren de Alta Velocidad.
La sesión se ha iniciado mediante una vídeo conferencia con la declaración de un Guardia Civil destinado a Afganistán.


Este número estaba citado por la acusación fiscal como testigo ocular de los hechos. Pero no ha conseguido identificar a ninguno de los acusados como autor de las pintadas. Las acusadas han ejercido su derecho a la última palabra, pero todas ellas han sido interrumpidas por el juez alegando que las consideraciones políticas que se han intentado transmitir no tenían nada que ver con los hechos juzgados.
Para finalizar, la fiscal ha rebajado su petición de delito de daños a una falta de deslucimiento solicitando para las encausadas el cumplimiento de la responsabilidad civil que supone el pago de 3.600 euros de indemnización en concepto de limpieza más una pena de seis días de localización permanente (antiguo arresto domiciliario). La defensa ha solicitado la libre absolución debido a que la acusación se basaba únicamente en indicios y no en pruebas objetivas. En todo caso, con respecto a la responsabilidad civil, ha argumentado que el Ayuntamiento de Zizur no se ha personado como acusación ni ha solicitado ningún tipo de indemnización. Tampoco ha presentado ninguna factura que acredite el coste de limpieza de las pintadas.
Mientras se ha desarrollado el juicio, ha tenido lugar una concentración enfrente de la Audiencia en apoyo a las personas acusadas y en contra de la criminalización del movimiento anti-TAV.
Las personas encausadas consideran que ?la desmesurada petición inicial por parte de la fiscalía responde a una clara intencionalidad de amedrentar a la oposición a este macroproyecto?. Durante un año se ha mantenido la amenaza de cárcel para las encausadas a pesar de que la defensa interpuso un recurso de apelación solicitando que los hechos fueran juzgados como falta y no como delito. Finalmente la fiscalía se ha visto obligada a rebajar la petición a pesar de que los hechos no habían variado, ?lo que confirma que la desorbitada petición fiscal tenía un objetivo claramente político?.

 

 

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